Hace unos días, el historiador y ex rector de San Marcos Manuel Burga afirmaba en esta misma página (7/1/10) que el año pasado -uno podría decir que todos estos años- lo que hemos tenido es un sedimento que "consolida el modelo peruano de reproducción del subdesarrollo".

En esta misma lógica también se puede afirmar que lo que deja este decenio es la persistencia del fujimorismo como una suerte de cultura política en el país. En todos estos años, pese a los esfuerzos democráticos en los inicios del decenio pasado que se plasmaron en la caída del régimen autoritario de Fujimori y en la constitución de un gobierno de transición, a lo cual se puede añadir el nacimiento de un nacionalismo de signo plebeyo y progresista, lo que destaca es esta continuidad fujimorista en varios e importantes aspectos.

El primero, como señala Burga pero también otros estudiosos, es la consolidación de un modelo primario exportador que nos condena, como en el pasado, al subdesarrollo. Ello representa no solo la vigencia de un modelo económico sino también -y sobre todo- la dominación de un grupo social que mantiene, como en la década de los noventa, el control del Estado. Los modelos económicos no están al margen de la política. La vigencia de tal o cual modelo está asociada al control de la economía, de la política y hasta de la cultura por determinados grupos sociales. Y si hoy, como afirma Burga, el Presidente baila y canta de espaldas a la realidad como en los ochenta, es porque ese canto y ese baile no corresponden a la actual correlación de fuerzas sociales.

Lo que quiero afirmar es que la persistencia del fujimorismo en la vida nacional tiene como costo político un proceso de "reoligarquización" del Estado y de la democracia, y de desnacionalización de la economía, lo que se expresa en la hegemonía de los llamados poderes fácticos. Ellos desde los años noventa no ganan una elección democrática pero acaban controlando el Estado.

Un segundo factor es la permanencia igualmente de un poder mediático que nació durante el fujimorismo y que se expresa, como en el pasado, en su estrecha relación con los poderes económicos y políticos.  Existen honrosas excepciones, pero se puede afirmar, sin exagerar, que la mayoría de los medios son los guardianes de este nuevo orden oligárquico. Se suman a los operativos psicosociales del poder, liquidan o intentan liquidar a sus adversarios, subordinan a los políticos y, muchas veces, fijan las agendas públicas.

El tercero es la incapacidad, pese a algunos esfuerzos solitarios, por producir una  reforma política y tecnológica de las fuerzas armadas. El poder, como de costumbre, termina por establecer una alianza con este sector que se sustenta en la impunidad y en la corrupción, y en el mantenimiento de una estructura y de una cultura corporativas que buscan legitimar un supuesto carácter tutelar de esta institución.

Y finalmente la persistencia del fujimorismo se expresa en el control político del poder judicial, en la subordinación del legislativo al ejecutivo, en la reiteración de una política social clientelar, en la corrupción extendida y en la vigencia de una Constitución que garantiza la continuidad del modelo y el control político de los grandes grupos económicos. Seguramente se pueden añadir otros factores, pero creemos que estos son los más importantes ya que definen, además,  el proceso de reoligarquización del país.

Estos factores, que han permanecido a lo largo de estos años, son una suerte de "enclaves autoritarios" que garantizan la vigencia de un pacto de dominación de las elites, que fue inaugurado y construido durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori. En este contexto, la política adquiere un carácter confrontacional porque tiene como una de sus tareas principales poner fin a ese pacto de dominación y concluir así una transición que quedó inconclusa en la década que acaba de terminar.

L a República 09/01/2010